El pasado mes de abril, Amnistía Internacional publicó un informe donde acusaba a la multinacional Ferrovial de complicidad en violaciones graves de derechos humanos cometidas contra solicitantes de asilo y refugio en Australia. La denuncia refiere a la gestión de un centro de internamiento ubicado en la Isla-Estado de Nauru, en el Océano Pacífico, donde el Gobierno de Australia ha estado enviando de forma forzosa a las personas que acudían a sus costas huyendo de la guerra, la violencia y las amenazas a su vida.
El contratista de este centro es la empresa Broadspectrum, filial de Ferrovial y que también gestiona otro centro de detención en la isla de Manus, Papúa Nueva Guinea. Este centro fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de PNG y su cierre es inminente.
Adriana Espinosa, miembro de Indago, ha analizado el caso para el Observatorio RSC. El artículo completo está disponible aquí.