El Constitucional francés avala la ley de deber de vigilancia de las empresas.

El Consejo Constitucional ha dado luz verde a la norma francesa que obligará a las grandes empresas de este país a adoptar planes para identificar y prevenir sus impactos ambientales y sobre los derechos humanos.

El órgano supervisor del control de constitucionalidad de Francia ha emitido hoy su decisión acerca del recurso presentado por miembros del Parlamento y del Senado francés en contra de la llamada “ley de vigilancia”, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 21 de febrero. El dictamen mantiene el núcleo del texto de la norma aunque establece alguna restricción, principalmente eliminando la penalización de 10 a 30 millones de euros si la empresa afectada incumple su deber de publicar un plan de vigilancia sobre riesgos y medidas en materia de derechos humanos y medio ambiente.

El fallo se produce después de que más de 75 organizaciones de la sociedad civil y personalidades del mundo académico, incluyendo Indago, emitiesen un comunicado conjunto pidiendo a este órgano un fallo positivo para la norma. Lo contrario, alertaba el documento, sería un revés para un proceso legislativo que, después de años de trabajo por parte de la sociedad civil, daría un paso adelante en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por las actividades globales de las grandes corporaciones.

Entidades de la sociedad civil europea y francesa han celebrado esta decisión e instan a otros Estados europeos y a las instituciones de la Unión Europea a avanzar en esta misma línea.