El 28 de Julio el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, documento destinado a implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGPs por sus siglas en inglés).
La aprobación del texto llega cuatro años después de que la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores anunciara su intención de abrir un “proceso de diálogo con la sociedad civil” para elaborar este documento que debía dar cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado en la materia. Durante este proceso, diferentes organizaciones de la sociedad civil han criticado los borradores presentados por el Gobierno. La principal crítica se centraba en el carácter voluntario que presentaba el Plan, que no creaba obligaciones para las empresas en el marco del respeto de los derechos humanos y que, en definitiva, se mantenía en la perspectiva del incentivo y la voluntariedad.
El borrador final presentado ante el Consejo de Ministros en 2014 mantenía este carácter y añadía una disposición que subordinaba los compromisos derivados del plan “a las disposiciones presupuestarias existentes” y a “la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno”, aspecto también criticado por la sociedad civil.
El texto de Plan aprobado no ha salido aún a la luz y se espera que tenga modificaciones respecto al anterior borrador. No obstante, en la nota de prensa remitida por el Consejo de Ministros (ver primer hipervínculo arriba) se fija como uno de sus objetivos principales el de “fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el marco global”, lo que adelanta la posibilidad de que los objetivos económicos sigan teniendo preeminencia en la estrategia creada por el gobierno y en los compromisos diseñados para darle seguimiento.